COMUNICADO
Quito, 1 de junio de 2020

En dos ocasiones, el 22 de enero y el 25 de mayo de este año, acudí ante la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional para expresar la necesidad imperiosa de que las reformas a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, que se debaten en esa comisión, sean el producto de un proceso de discusión participativa en Galápagos.

Fui explícito frente a los asambleístas en la idea de que una ley de Galápagos tenía que hacerse desde Galápagos y con los actores de la provincia.

Puse a disposición de la Comisión la facilitación de un proceso participativo, expresado en una serie de reuniones mediadas y con la participación de más de cien actores, entre los cuales se incluyen representantes de organizaciones e instituciones previamente mapeados. Los talleres debían efectuarse en las primeras semanas de abril y hoy en día se van a dar a través de un proceso virtual a desarrollarse entre los meses de junio y julio. Reitero mi voluntad de que los asambleístas de la Comisión y de la provincia participen activamente en estas reuniones.

En mi comparecencia del 25 de mayo de 2020, además, expuse la necesidad de posponer el debate de las reformas, en vista de que la pandemia de COVID-19 ha cambiado totalmente el escenario de todas las actividades en las islas.

El día de hoy, 1 de junio de 2020, la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, aprobó la Resolución No. 53 en la que se decide “remitir a las instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general de la sociedad civil de Galápagos, el texto del articulado que consta en la matriz que recoge las observaciones y propuestas de la Comisión dentro del trámite para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG) y aprobar un cronograma de actividades para tal efecto”.

Me preocupa profundamente que mi solicitud sobre las jornadas participativas previstas no sea tomada en cuenta por la Comisión en su resolución, pues dan un plazo de 30 días para que la población envíe criterios. Este plazo no permite generar un proceso de diálogo adecuado, metodológicamente acertado y oportunamente construido, como el que hemos desarrollado durante los últimos meses.

Me preocupa así mismo, la legitimidad ante los actores locales, de una ley que no se base en un proceso de co-construcción, que no es similar a un proceso de socialización y consulta sobre un articulado que será puesto “en conocimiento” de instituciones, organizaciones y de la ciudadanía de forma individual, sin lograr entender el sentir ciudadano sobre la situación actual y sobre la necesidad de una construcción conjunta.

Y, me preocupa el contexto de los siguientes 30 días. Junio es un mes en el que la provincia se está preparando para la reactivación de su economía; las operaciones turísticas se reiniciarán el 1 de julio, y es también un mes de construcción colectiva del Plan de Reactivación de las islas que es urgente y vital para una provincia que ha sido fuertemente golpeada.

Galápagos corre el riesgo de que la Asamblea apruebe una Ley Orgánica Reformatoria que ha sido creada con limitadas contribuciones locales y sin atender adecuadamente los nuevos retos a partir de la pandemia del COVID-19.

Apelo, nuevamente, al buen criterio de los Asambleístas de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, para que otorguen un plazo de por lo menos 60 días con el fin de lograr una propuesta sólida, construida por los actores de las islas y así, contribuir de forma adecuada al debate de las reformas de la Ley y a un mejor futuro para los galapagueños.

Norman Wray
Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos